viernes 29 de agosto de 2008

POLITICA ECONÓMICA PARA LA CRISIS.

Gráfico de evolución de capacidad o necesidad de financiación (déficit público) en España en millones de euros.
El Gobierno atribuye a la crisis el mal dato relativo al déficit público, pero es evidente que dentro de la crisis económica en que nos encontramos hay que tomar las medidas necesarias para minimizar sus efectos, y gestionar con una política económica adecuada al contexto de crisis actual.
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Con el dato de déficit de las cuentas del Estado en su cierre a julio, el cual se sitúa en 9.965 millones de euros, se demuestra, una vez más, la pésima gestión y nefasta política económica de Zapatero y su Gobierno, siendo la promesa electoral de Zapatero de devolver 400 euros a los contribuyentes a cuenta del IRPF una de las causas que han hecho que las cuentas del estado reflejen una situación tan negativa como la actual, máxime cuando tan solo en un mes, concretamente en julio, el déficit ha superado los 5.000 millones de euros.

Siempre hay que aplicar el sentido común y la lógica en todos los ámbitos, y por supuesto en la política, y aún más si cabe, cuando se trata de política económica para tiempos de crisis. España requiere un nuevo modelo económico con el que enfrentarse a esta crisis, el cual, sin duda, debe basarse en la competitividad. En las circunstancias actuales para lograr un incremento significativo en la competitividad éste debe basarse en la innovación y en la incorporación de tecnología en sectores que son intensivos en mano de obra; sin embargo, observando los datos de países con un nivel de desarrollo similar al de España, se puede concluir que España es de los países Europeos que menos invierte en I+D.

Sin lugar a dudas hay otros factores que ejercen una gran influencia para lograr el aumento de la competitividad de un país, factores sobre los cuales tampoco está actuando el Gobierno de Zapatero adecuadamente, pudiendo citarse, entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivo:

- Fomentar a través de la educación bajo los principios de reconocimiento del mérito y del esfuerzo, y la formación continúa en las empresas, que los trabajadores cuenten con un capital humano que les permita adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y a las nuevas tecnologías.

- Acometer una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo, ya que cuando la normativa laboral es muy rígida son muy difíciles los reajustes dificultando considerablemente el rendimiento económico.

- Reformar las prestaciones por desempleo, de tal modo que se incentive la aceptación de ofertas de trabajo.

- Modificar el sistema impositivo rebajando la presión fiscal, de tal modo que los ciudadanos dispongan de una mayor autonomía financiera, que les permita el ahorro, o la libre elección de algunos servicios en el mercado, cuya prestación por parte del Estado puede ser menos eficiente que la gestión privada de éstos.

- Basar el crecimiento económico en políticas de oferta, dirigidas a atraer inversión a España, con el incremento de la producción, el empleo, y la capacidad de compra que éste genera y con su consiguiente efecto multiplicador en la economía. La política del actual Gobierno socialista es la contraría, es decir la política de demanda, con medidas con las que se trata de incentivar el consumo, no siendo éstas sostenibles a largo plazo, ya que no crean riqueza interior, siendo cada vez menor el efecto multiplicador, ya que los productos que el consumidor adquiere, no son, ni mucho menos, todos ellos productos realizados en España, por lo que el crecimiento y el empleo que crea la política de consumo se dan en gran parte fuera del Estado español.

En definitiva, se trata de aplicar una política económica liberal adaptada a tiempos de crisis, en la que el papel del Estado sea el de garantizar la libertad de las relaciones mercantiles, la propiedad privada, y, por supuesto, la libertad individual.